Responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (pssi) de intermediación de acceso a internet. Especial referencia a la vulneración de derechos de autor al intercambiarse los usuarios contenido digital para uso privado con las redes “peer-to-peer” (p2p). Análisis comparado del derecho estadounidense y de la Unión Europea

A pesar de que la tecnología ha evolucionado lo suficiente durante la presente década como para que los prestadores de servicios de la sociedad de la información (PSSI) de intermediación de acceso, que disfrutan de una posición única, puedan controlar toda la información transmitida por los usuarios de sus servicios, tanto los legisladores estadounidenses como los de la UE no han modificado los marcos normativos establecidos en los años 2000 y 1998 de exclusión de responsabilidad extracontractual derivada de las presuntas vulneraciones de los derechos de autor realizadas por los usuarios de sus servicios en la UE y de limitación de prestar reparación monetaria en el mismo tipo de casos en los EE.UU., respectivamente. Al contrario, ambos territorios han establecido las bases para proteger el carácter innovador de Internet que proporciona el uso de protocolos P2P, estableciendo la normativa necesaria para preservar la neutralidad de la Red, que favorece el desarrollo económico, obligando a permitir un servicio con el mismo ancho de banda tanto de entrada como de salida, excepto en casos puntuales por necesidades técnicas, y tampoco permiten que los PSSI de intermediación de acceso controlen el contenido de lo que se transmiten entre sí los usuarios. El presente estudio analiza los sistemas técnicos para acceder a contenido y la evolución de la tecnología P2P, así como el desarrollo histórico de estos protocolos en el ámbito jurídico en ambos territorios. También se describen, por un lado, los esquemas de respuesta gradual establecidos con dos modelos privados, el de EE.UU. y el de Irlanda, y otro público, el de Francia, así como, por otro, el intento de las poderosas asociaciones de las industrias de contenido de incluir una cláusula en el acuerdo internacional “ACTA”, de forma opaca y sin posibilidad de escrutinio judicial, que obligaría a los PSSI de intermediación de acceso de todos los Estados firmantes a implementar esquemas de respuesta gradual. En última instancia, estos esquemas posibilitarían la suspensión del acceso a Internet de los suscriptores por el uso de protocolos P2P, así como otras medidas jurídicamente discutibles en cuanto a los principios de la carga de la prueba y la presunción de inocencia. Todo ello, vulneraría derechos fundamentales y libertades individuales firmemente arraigados en nuestras sociedades occidentales. Además, se destaca como ambos territorios han implementado un enfoque común denominado “Follow the money approach” para evitar el lucro comercial a través de la vulneración de derechos de autor. Se concluye analizando cómo ambos modelos regulatorios han establecido que los PSSI de intermediación de acceso no pueden actuar de forma que se ponga en peligro la libertad de expresión y la privacidad de sus usuarios, la libre competencia, la innovación y el desarrollo del acceso a la Red de alta velocidad, así como el desarrollo cultural para beneficiar de este modo el interés del público en general, permitiendo la defensa de los derechos de autor, pero no de forma aislada, sino conjuntamente, respetándose principios de legalidad y proporcionalidad que deben equilibrarse con los demás derechos fundamentales en juego, ya que según los estudios de fuentes imparciales no se pueden demostrar los daños producidos al mercado potencial de los titulares de derechos de autor por el uso de las redes P2P cuando su uso se limita al ámbito privado y no existe ánimo comercial.During the last few years, although technical capabilities have evolved enough to permit access Internet Service Providers (ISPs), with their very unique position, to develop surveillance techniques over all the information transmitted by their users through their services, both the United States and the European Union have not modified their legal frameworks established in years 2000 and 1998 regarding, on one side, the exemption from liability due to alleged online copyright infringements performed by the users of their services in the European Union and, on the other side, the liability limitation regarding monetary relief in the same cases in the United States. On the contrary, both territories have established the foundations to protect the innovative capacity the Net allows thanks to the use of P2P networks, establishing regulations to protect Internet´s neutrality to allow economic growth, forcing the availability of access services with the same bandwidth in both directions, except if necessary for temporary technical needs, and also not permitting the control over the information sent between end-users. We have analyzed the technical systems available to access content and the evolution of the P2P technologies, as well as their historical legal development in both territories included in our study. Moreover, we describe the graduated response schemes established privately in the United States and Ireland, and publicly in France, as well as the attempt performed by the powerful associations representing the content industries to establish through the implementation of a clause in the international agreement ACTA (“Anti-Counterfeiting Trade Agreement”), in a non-transparent way and without the possibility of being subject to judicial scrutiny, of graduated response schemes to be implemented through access ISPs with the purpose to withdraw the Internet connection from end-users allegedly using P2P networks to infringe copyright, as well as the implementation of other techniques by the same access ISPs that do not respect the presumption of innocence and the burden of proof principles. The implementation of this type of schemes would infringe fundamental and civil rights strongly protected in our western societies. Also, we highlight how both territories have implemented the same “Follow the money” approach to avoid commercial gains due to online copyright infringements. We conclude analyzing how both regulatory models have established that access ISPs cannot behave jeopardizing the freedom of expression and privacy of their users, free competition, innovation and the development of high-speed Internet access, as well as the cultural development to benefit the interests of the public in general, permitting the defense of copyright, but not in an isolated way. Copyright should be protected jointly with other principles such as legal fairness and proportionality that should be balanced with the other fundamental rights at stake, as studies from impartial sources show that no damages exist in the potential market of copyright owners due to the use of P2P networks for private use and without commercial purposes